La Plataforma de Estudiantes de Tenerife convoca una concentración contra la «Ley Castells de Estudiantes» el jueves 18 de noviembre de 10:30 a 14:30 frente a la Subdelegación del Gobierno en Tenerife.
Desde la Plataforma de Estudiantes de Tenerife, se posicionan en contra de esta ley, la LOSU, exponiendo estos 10 puntos principales donde consideran que se ataca a la comunidad estudiantil:
- Una reducción de la participación estudiantil: Ya de por sí reducida (en órganos como el Claustro el profesorado cuenta con un 60% de la representación), en el anteproyecto apenas hay un reconocimiento a las asociaciones estudiantiles, de la representación, etc.
- Nuestro voto en cuestión de votación al Rektorado no tiene valor, nuestra ponderación variará en función a la participación en las elecciones. Las elecciones en las universidades cuentan con una baja participación estudiantil. Nuestro voto no valdría lo mismo que el suyo.
- Se reduce aún más la presencia de las estudiantes en los órganos de gobierno de las universidades. Se refuerzan órganos como el Consejo Social, formado en su mayoría por empresas y políticos ajenos a la institución. Su poder aumenta en materia de aprobación presupuestaria, etc.
- Mandatos de 6 años sin referendo democrático. Esta ley marca cómo los mandatos tendrán una vigencia de 6 años. Esto, abre la puerta a la posibilidad de que pasemos por nuestras universidades sin nunca haber votado un equipo rectoral, por ejemplo. Los decanatos pasan a ser competencia rectoral y será desde este órgano donde se escoja a dedo quién estará a la dirección de cada facultad.
- No podremos elegir la dirección de los departamentos. Este órgano es clave para la toma de decisiones que afectan a cuestiones como los horarios de clase, las actividades, o la asignación de créditos a profesorado.
- Volviendo a la cuestión del Consejo Social, este pasa a ser un órgano totalmente ajeno a la Universidad, y sus miembros son escogidos por los parlamentos autonómicos.
- La injerencia de las empresas privadas en la universidad se vuelve difusa. A cambio de patrocinio, las empresas podrán contar con la realización de actividades de finalidad propia, sin determinar exactamente a qué se refiere esto ni cuáles son los límites.
- La no creación de gabinetes de psicopedagogía que permitan atender de forma gratuita a la salud mental de las estudiantes.
- No garantiza una inclusión real a las personas con discapacidad. En el anteproyecto no expone de qué medidas podría contar el estudiantado con discapacidad.
- No se prioriza la calidad de la docencia en las aulas. No se contemplan mecanismos de medición en cuestión a la formación del profesorado, siendo esto algo esencial para nuestra educación.
