La tesis doctoral de una investigadora del Grupo de Investigación de Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA) del Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reclama que los gobiernos e instituciones comunitarias contemplen en sus normativas una protección “más específica” y que constituya “un escudo protector eficaz” para el perfil de pequeño inversor que en la crisis del año 2008 sufrió con más severidad la venta de productos financieros por parte de entidades bancarias sin saber prácticamente lo que estaban firmando, y que originó, entre otros, el escándalo de las preferentes.
El trabajo de Beatriz Fonticiella Hernández, valorado con un sobresaliente cum laude por un tribunal universitario, lleva por título ‘La protección del inversor minorista’, y una de sus grandes virtudes es que advierte que la escasa protección que aún sufre ahora el mismo perfil de pequeño inversor doce años después es totalmente equiparable a la que se tiene ante los productos que se comercializan a través de las fintech (productos tecnológicos del sector financiero), en las inversiones a través de los crowfundings o en los famosos bitcoins.
Uno de los grandes agujeros que evidenció la gran crisis económica de 2008 fue la desprotección de los llamados pequeños inversores: esas personas, en muchas ocasiones mayores y sin conocimientos jurídicos, económicos y del sector bancario que fueron claramente estafados por entidades financieras que prometían mejores rentabilidades a través de la contratación de productos, indescifrables para sus clientes, como las participaciones preferentes o las hipotecas multidivisas.
A raíz de esos escándalos, que llevaron a la ruina y empobrecieron a miles de personas, la protección de los inversores minoristas ha sido una prioridad de las agendas de los sucesivos gobiernos, no solo el español, sino también a nivel europeo.
La Directiva MiFID II de la Unión Europea y la posterior adaptación de la legislación española a la misma supusieron el triunfo de un compromiso político de gran escala. En este contexto, Fonticiella Hernández se ha preguntado si tras doce años después y con la aplicación de estas leyes, ¿es suficiente la protección que existe para este tipo de inversores? La respuesta es que aún no, que es incompleta, porque la legislación requeriría una subdivisión de la categoría de inversor minorista que tenga en cuenta los niveles de conocimiento, la experiencia en los mercados o los recursos disponibles de estas personas. El objetivo sería garantizar un régimen de tutela más óptimo en función de la naturaleza, más o menos experimentada, de estos pequeños inversores.
Además, el camino parece “aún más largo”, según Fonticiella, en la operativa de los nuevos mercados digitales, dado que la protección de los inversores se sujeta en normativas puestas en marcha cuando aún no existían productos ‘fintech’, bitcoins o inversiones por crowdfunding. La solución para estos nuevos entornos sería la de generar legislaciones específicas.
La tesis doctoral de Beatriz Fonticiella, cuya dirección fue compartida por las doctoras en Derecho Mercantil de la ULPGC Rosalía Estupiñán Cáceres e Inmaculada González Cabrera, fue evaluada por un Tribunal presidido por el catedrático Juan Carlos Sáenz García Albizu (Universidad Pública de Navarra), acompañado de Rafael Lara González (también catedrático en Derecho Mercantil de la misma universidad) y Manuel María Álvarez (profesor titular de Derecho Mercantil de la ULPGC), como secretario.
Se trata esta de la primera tesis del Programa de Doctorado en Islas Atlánticas que se defiende en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC. En este programa que une a los archipiélagos de la Macaronesia participan doctores especialistas en investigaciones de los ámbitos de Arte y Humanidades, Arquitectura, y Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna (Canarias-España); de la Universidad de Madeira (Portugal) y de la Universidad de Azores (Portugal).
Fuente: ulpgc.es
