Comunicado de Anticapitalistas
- El acuerdo entre el gobierno, CCOO y UGT y la patronal supone un incumplimiento del programa de gobierno y no deroga la reforma laboral del PP.
- Estamos ante una aceptación del marco neoliberal y de la reforma del PP por parte de los partidos y agentes sociales que anunciaron que la derogarían.
- La reforma laboral incluye algún retoque positivo como la ultra-actividad de los convenios, pero consolida un modelo basado en la precariedad, la temporalidad y el poder empresarial en los centros de trabajo.
El programa de gobierno afirmado por PSOE y UP acordaba una derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, para alcanzar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, primar el convenio sectorial sobre el de empresa, limitar la subcontratación (art. 42.1. ET), la limitación de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo por parte de la empresa, la revisión de las causas de despido y la reordenación de las modalidades de contrato para limitar la temporalidad.
La reforma, que se pondrá en vigor en 2022, recupera la ultraactividad, aunque los Tribunales ya estaban interpretando que era necesario una continuidad de algunos derechos. Esta es prácticamente única recuperación de derechos positiva, porque la reforma de 2012 había dejado al 50% de los trabajadores sin cobertura de los convenios colectivos, que poco a poco iban decayendo. Una concesión a los aparatos sindicales, que les permite autojustificar su política de seguidismo con la patronal, aceptando cesiones que perjudican al conjunto de la clase trabajadora.
Esta reforma otorga al nivel sectorial la negociación del suelo de salarios, pero sin embargo deja fuera otras condiciones de trabajo, como la jornada o la organización del trabajo. Es decir, en su mayor parte, deja intacto el espíritu de la reforma de Rajoy. No se recupera la autorización administrativa para los ERE, por lo que las empresas podrán seguir realizando expedientes de empleo en las mismas condiciones que impuso la reforma del PP. La reforma no toca la causalidad ni el coste de indemnización por despido, no recupera los salarios de tramitación, que las empresas estaban obligadas a pagar desde el despido de un trabajador hasta que hubiera decisión judicial. La no causalización ni la elevación de la indemnización por despido, o la intervención de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo, supone que el propósito de reducir la temporalidad y la inestabilidad en el empleo quedará en agua de borrajas. Es más, afianza la inestabilidad en el empleo porque ningún contrato indefinido garantizará la estabilidad, en tanto que el bajo coste por despido, y la no necesidad de justificarlo, hace que ningún trabajador tenga garantías ante una decisión unilateral del empresariado. Es decir, la inestabilidad laboral se extiende a casi el conjunto de la clase trabajadora. Esta reforma renuncia a poner límites reales a la temporalidad y la inestabilidad laboral (tampoco incluye una tasa máxima de empleos temporales, ni establece la causalidad por despido, ni encarece la indemnización por despido de los temporales ni de los indefinidos, llaves para limitarla). De la misma manera que sigue sin asumir las particularidades nacionales de territorios como Euskal Herria, Catalunya o Galiza, cuyas realidades sindicales se ignoran deliberadamente para preservar el monopolio negociador de CCOO y UGT.
Por lo tanto, no ha habido una derogación de la reforma del 2012, ya que se sostienen buena parte de sus preceptos. La CEOE ha logrado una victoria, ya ha impedido que las medidas de mayor interés para la clase trabajadora se apliquen. El gobierno acepta el marco impuesto por la Comisión Europea, interesada en que las reformas reduzcan estadística y formalmente la temporalidad en el empleo al mismo tiempo que se garantiza un marco flexible y barato para las empresas en materia de gestión laboral, a cambio de recibir los fondos europeos “Next Generation”.
Pese a toda la propaganda gubernamental y de los aparatos sindicales, lo cierto es que es la CEOE la que puede vender como un triunfo esta negociación. El marco laboral se mantendrá intacto con algunos retoques y la relación de fuerzas en favor de los trabajadores y trabajadoras no mejorará en el terreno de la legislación laboral. El gobierno decide incumplir su compromiso con la clase trabajadora y apuesta por la recuperación de los beneficios de los empresarios a costa de más desigualdad social.
La paz y el consenso social con la clase capitalista solo implica renuncias injustificables. Las cesiones del gobierno están avaladas y dirigidas en este caso por su “sector de izquierdas” (Podemos, IU y PCE), lo cual alimenta la desafección de muchos sectores que se movilizaron activamente durante años para defender la derogación de la reforma laboral del PP, allanando el camino a la extrema derecha con el incumplimiento sistemático de sus promesas y con sus políticas pro-patronal. La excusa de la “relación de fuerzas” es ridícula a estas alturas: todos los partidos que están en el gobierno llevaban en su programa la derogación de la reforma laboral y millones de personas se han movilizado durante años contra ella. Es injustificable que no se cumpla este acuerdo con la ciudadanía y que se intente vender como una victoria una renuncia política, cuando tienen mayoría parlamentaria para cumplir sus promesas. Queda claro que el gobierno ha decidido gobernar para la patronal y preservar por todos los medios sus privilegios, como ya vimos con la dura represión en la huelga del metal en Cádiz.
Desde Anticapitalistas nos sumamos al rechazo expresado por parte sindicatos como ELA, CIG, LAB, Intersindical-CSC, CGT y CNT entre otros, y llamamos a los partidos de izquierdas que han sostenido la mayoría progresista hasta ahora a votar en contra de esta “no derogación” de la reforma laboral. Somos conscientes de que muchos votantes de los partidos del gobierno o afiliados de base de los sindicatos firmantes no aceptan estas injustificables renuncias impuestas a sus espaldas. Hacemos un llamamiento a generar estructuras de coordinación y movilización en todo el estado para rechazar esta nueva estafa contra la clase trabajadora, generando alianzas con todos los movimientos sociales, y obligar al gobierno a derogar íntegramente la reforma laboral, y por supuesto, a ir más allá en la recuperación y conquista de derechos para la mayoría social. No podemos resignarnos a seguir como hasta ahora, que es, en definitiva, lo que sanciona este acuerdo cupular: que nada cambie.
Source: canarias.anticapitalistas.org
