Manuel de la Rosa Hernández / El 18 de octubre se cumplen dos años de la protesta estudiantil de secundaria contra la subida de precios en el metro de Santiago reprimida brutalmente, desencadenando un amplio movimiento popular en todo Chile que profundizó la senda de la convención constituyente. Aquellos hechos desencadenaron que en Plaza Italia de la capital, rebautizada como de La Dignidad, que fuera el epicentro de aquella ola de protestas que en su momento más álgido, el 25 de octubre de 2019, llego a congregar a más de un millón de personas, pero que sacudió todo el país con un proceso de movilizaciones que duran hasta hoy.
Como señala Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado en un operativo policial: «Acá se derramó sangre y el Gobierno le mintió al pueblo cuando dijo que eran delincuentes. No eran delincuentes, solo pensaban diferente»
Las protestas que surgen aquel 18 de octubre fueron más allá de las que se dieron en torno al alza de 30 pesos en el pasaje del Metro. Ese incremento abusivo fue el catalizador del larvado malestar social que explosionó con inusitada violencia. Entre los manifestantes se acuñó la famosa frase “no son 30 pesos, son 30 años” en alusión a las tres décadas de democracia tutelada. Se desvela un profundo cuestionamiento del orden social construido durante los gobiernos de la Concertación y del propio Presidente Sebastián Piñera.
El estallido social del 18 de octubre de 2019 contra el modelo neoliberal de Chile, la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejó una treintena de muertos, así como miles de heridos y de detenidos.
Al mismo tiempo, los aparatos represivos del régimen, el cuerpo policial de Carabineros y el Ejército quedaron en entredicho y fueron acusados de ejercer represión y violar los Derechos Humanos para sofocar las protestas. De acuerdo con cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por Amnistía Internacional, a fecha de marzo de 2021 se contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia del estado y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial para reprimir las protestas.
La lucha continúa a día de hoy por la libertad de las personas que fueron detenidas durante las protestas de 2019 y también exigiendo la renuncia del presidente, Sebastián Piñera.
La fuerza de la lucha popular impuso la convocatoria del plebiscito del 25, a pesar de que los partidos del arco parlamentario maniobraron y pactado para limitar el alcance de las transformaciones democráticas, económicas y sociales que necesita Chile.
La evolución del estallido derivó en una crisis política que se encauzó en el acuerdo entre Gobierno y oposición para celebrar un plebiscito sobre una nueva Constitución y que a pesar de los condicionantes de ese proceso la ciudadanía chilena desbordó los mismos y fue más allá de toda previsión y con un proceso de consulta, deliberación y elaboración que sigue su curso.
La Convención Constituyente que se estableció en julio de este año y su objetivo es redactar antes de mayo de 2022 la nueva Constitución que sustituirá a la actual, vigente desde la dictadura militar y concebida como el origen de las grandes desigualdades y retrocesos de derechos por las que tuvieron lugar las protestas. La constituyente trabaja ya en la nueva Constitución, cuyo resultado va a depender de la composición socio política de los 155 constituyentes, de la presión de la calle con la implicación de un amplio abanico de fuerzas populares, poniendo en la arena política sus demandas.
Es algo más que un gesto que la indígena Elisa Loncon fuese elegida como presidenta de la Convención Constituyente. Esta constituyente continua sus trabajos consultando a diferentes colectivos sociales y dando voz a los sin voz en todo el país. Es necesario que la nueva constitución recupere los desastres provocados por el neoliberalismo de la Dictadura y continuados a 30 años de régimen actual. Entre ellas tenemos: el derecho a la tierra, desprivatizar las pensiones, recuperar la propiedad pública del agua, la defensa de los territorios indígenas, fortalecer servicios públicos, las reivindicaciones laborales, los derechos sociales a la educación o a la sanidad, conquistar libertades democráticas plenas,…
Cuando se cumple, un segundo aniversario del estallido social, no solo debemos recordar esa fecha, sino además reiterar los cambios exigidos entonces como educación y salud de calidad y para todas, pensiones justas, salarios dignos, igualdad de género y de oportunidades, el reconocimiento a las comunidades indígenas,⦠Es decir, poner fin a los abusos y desigualdades impuestas desde el golpe pinochetista del 11 de septiembre de 1973 y continuada después con los sucesivos gobiernos del régimen de democracia tutelada, hasta llegar al gobierno del abominable Sebastian Piñera. La movilización de la calle sigue siendo determinante y necesaria.
La lucha obrera, indígena, juvenil y popular son las claves para avanzar en un Chile plurinacional, democrático y con justicia social.
Source: canarias.anticapitalistas.org
