La erupción volcánica iniciada el domingo 19 de septiembre en La Palma afecta a un área muy poblada, de actividad económica importante, agraria, pesquera y turística.
La erupción ha arrasado ya más de 200 hectáreas, destruyendo infraestructuras viarias, hidráulicas y de comunicaciones. Más de 400 edificaciones, la mayor parte viviendas, han sido destruidas. El avance de las lenguas de lava ha obligado a evacuar a más de 6.500 personas.
Aunque se habían hecho previsiones de medidas de seguridad y evacuación, de lugares de ubicación de desplazados, planes sanitarios, los alojamientos son insuficientes y no hay, en un primer momento recursos suficientes para atender a tantas personas evacuadas. Es en buena medida el vecindario el que suple las insuficiencias y proporciona lo que puede, gracias a las redes de apoyo mutuo.
Es necesario atender dignamente, en primer lugar, a las personas dependientes y de movilidad reducida. Es indispensable proporcionar recursos, alojamiento, alimentos, a las personas evacuadas.
Fondos públicos para todas las necesidades básicas de las personas afectadas. Es necesario garantizar de forma inmediata una renta de supervivencia para quienes hayan perdido su medio de vida habitual. Es perentorio que se proporcionen ayudas monetarias, bajo la modalidad o fórmula más adecuada a quienes se queden sin trabajo, sean personas asalariadas, autónomos o pequeños propietarios agrarios.
Aunque el Gobierno canario se ha ofrecido a comprar 73 viviendas, aún no se ha cuantificado las destruidas y menos las que aún pueden desaparecer. Tampoco cuantas son las personas que necesitan realojarse. El Gobierno canario y el español pueden, si quieren, poner a disposición de las personas desplazadas, tanto el parque de viviendas desocupadas de los bancos como, como las instalaciones hoteleras y extra hoteleras desocupadas.
Porque dar seguridad a la población pasa por la garantía de alojamiento, ingresos y cuidados para quienes sufren la pérdida. No se puede esperar a una supuesta buena voluntad de las entidades privadas para que ofrezcan recursos, sino articular las medidas necesarias para ponerlas al servicio de la población afectada.
La actitud frívola del Gobierno canario, cuantificando de antemano en más de 400 millones de euros las pérdidas en infraestructuras, basándose en la exigencia de la UE de que las cuantía afectada sea al menos el 1% del PIB canario, no es de recibo. Un mínimo de seriedad, de atención a quienes están sufriendo las consecuencias de la catástrofe pasa por ofrecer los recursos, la seguridad y la protección de inmediato, no por soñar con pelotazos de infraestructuras. También es algo más que una frivolidad que responsables políticos, como la ministra Maroto o el propio presidente del Gobierno de Canarias, hablen de “oportunidades para el turismo” en plena erupción volcánica.
Exigimos al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado que pongan los recursos en manos de los que los necesitan, sin esperas a la UE.
Canarias, a 23 de septiembre de 2021
Source: canarias.anticapitalistas.org
