En una rueda de prensa telemática Gerardo Rodríguez, Elisabeth Hernández y Javier Morales, representantes del Secretariado Nacional del STEC-Intersindical Canaria, analizaron el inicio del curso en la educación pública canaria en el marco de la COVID-19, una pandemia que ya ha generado incidencias en 123 centros del archipiélago, donde los docentes trabajan con mascarillas higiénicas, en lugar de las ffp2, que son las que el sindicato quiere que distribuya Educación.
Los miembros del sindicato han anunciado que su organización recurrirá a la Inspección de Trabajo para que obligue a la Consejería de Educación a dotar de EPI de verdad a los docentes que imparten clases en las islas.
El sindicato rechaza que se limiten a mascarillas higiénicas, que no protegen lo suficiente los equipos de protección individual que la Consejería de Educación está obligada a facilitar al profesorado para impartir docencia en aulas donde no están permitidas las mamparas. Mientras que a los alumnos se les ofrecen quirúrgicas.
Por ello, denunciará ante la Inspección de Trabajo si el Gobierno canario no dota al profesorado de EPI de verdad, con el fin de que facilite a este colectivo mascarillas ffp2.
Tampoco comparte este sindicato que a los profesores que están en cuarentena no se les estén haciendo pruebas PCR, algo que sí se hace a los alumnos confinados.
Según el STEC-IC, en el Archipiélago 61 aulas permanecen en cuarentena por el contagio de 112 alumnos y de 36 profesores que prestan servicio en la actualidad.
Gerardo Rodríguez ha informado que en Canarias unos 6.000 docentes imparten clases pese a pertenecer a grupos de riesgo frente a la COVID-19 por padecer enfermedades previas, unas circunstancias de las que se informó el curso pasado al Gobierno, que, según el STEC-IC, se ha limitado a ofrecer a este personal recomendaciones genéricas para prevenir contagios y tan solo ha adaptado el puesto de trabajo a una treintena de ellos.
El sindicato rechaza que sea la Clínica Quirón la encargada de emitir informes, deficientes, sobre esta plantilla de riesgo, por lo que exige a la Consejería regional de Educación “que rescinda el contrato” con esta empresa y que en adelante el servicio de medicina del trabajo “sea una estructura más” del departamento del Ejecutivo canario.
Sobre la apertura de listas que ha tenido lugar de cara al inicio del curso por la necesidad de ampliar las plantillas, Rodríguez ha precisado que el cuerpo de docentes se ha visto incrementado en 2.300 efectivos.
Sin embargo, ha denunciado que estas incorporaciones no se han tramitado con las garantías precisas, ya que no se han publicado listas provisionales ni definitivas, previo periodo de alegaciones, lo que ha motivado que, tras dos semanas dando clases, unos 30 profesores hayan sido cesados porque su titulación no era la adecuada para impartir la especialidad para la que fueron contratados.
Elisabeth Hernández ha criticado, por su parte, cómo ha gestionado Educación la contratación de los refuerzos COVID, una figura que el STEC-IC considera fundamental para el buen funcionamiento de los centros, ya que para garantizar su presencia se han camuflado vacantes con nombramientos y se han hecho contratos trimestrales, que deberían ser a curso completo, también a profesoras embarazadas.
Javier Morales ha aludido a los protocolos que Educación publicó este verano para que se adaptaran los centros educativos a las medidas de prevención de la COVID-19, en los que se hablaba de localizar espacios adicionales a través de convenios con otras administraciones públicas, algo que no se ha llevado a la práctica.
Los centros son los que eran el curso pasado, no hay nuevas infraestructuras o instalaciones. Han sido los equipos directivos y los claustros los encargados de acondicionar lo que había, cuando hubiera sido razonable que este trabajo lo hubiera supervisado el servicio de prevención de riesgos laborales de la Consejería, cosa que no ha ocurrido por el número exiguo (6) de técnicos que posee.
Para cumplir con las distancias de seguridad, a partir de Secundaria, se han habilitado salas de profesores, bibliotecas y hasta gimnasios para convertirlas en aulas, ha manifestado Morales, quien ha considerado que se ha perdido una oportunidad maravillosa para bajar las ratios en todas las etapas educativas, un aspecto en el que Canarias sigue a la cola del Estado.
El STEC-Intersindical Canaria cree que, en términos generales, lo aceptable sería contar con 15 alumnos por aula, aunque en la actualidad en Infantil se puede llegar a 25, en la ESO a 30, en Bachillerato a 35, y en FP a entre 20 y 30 alumnos, dependiendo de la familia profesional.
Source: intersindicalcanaria.org
