El 2020 pasará a la historia como el año del coronavirus, lo que parece menos probable es que se recuerde como el año del cambio de paradigma en las relaciones laborales. Lo cierto es que acabamos de cerrar un año de incertidumbres y renovadas agresiones a la mayoría social de nuestro pueblo y a la clase trabajadora en general.
Desde una posición pretendidamente progresista, el Gobierno de Madrid, con la ciega complicidad de su homónimo canario, ha implementado, aprovechando la situación de pandemia, una serie de medidas que, hacen recaer, nuevamente, sobre la ya maltrecha economía de las clases populares, los efectos de la crisis económica que ha acompañado la crisis sanitaria.
En materia de pensiones, las medidas propuestas por el Pacto de Toledo constituyen una agresión a quienes menos tienen, favoreciendo a bancos e instituciones privadas, como las mutuas, dejando al sistema público de pensiones como residual y aumentando la brecha económica que posibilita que la pobreza tenga rostro de mujer.
En lo que afecta a las relaciones laborales, la regulación del teletrabajo, aparentemente, apuesta por la negociación, colectiva o individual, pero un análisis en profundidad coloca sobre la mesa sus escasos beneficios. Con un despido, prácticamente, libre las posibilidades de negociación en cualquiera de sus formas, son escasas por no decir nulas, y las de movilización y presión disminuyen enormemente en situación de teletrabajo. Quienes tienen el deber de velar por la seguridad laboral, pierden capacidades para ello, y, los accidentes laborales podrán ser fácilmente cuestionados por las Mutuas y las empresas. Nuevamente, estos aspectos serán especialmente gravosos para las mujeres que retornaran al “hogar” y al aumento del tiempo dedicado al trabajo doméstico.
El Salario Mínimo Interprofesional queda congelado, sin alcanzar siquiera ese mínimo, solicitado por algunas organizaciones sindicales, de 1.000 euros.
En cambio, se mantienen las reformas laborales de 2010 y 2012, en claro incumplimiento del programa con el concurrieron a las elecciones generales algunos de los socios de gobierno.
En Canarias, la situación resulta más gravosa para la clase trabajadora, con pensiones y salarios más bajos que la media del estado español, mientras financiamos las pensiones de otros territorios, y mayor carga de horas laborales, con un índice de pobreza de más del 35% de la población, 10 puntos por encima de la media estatal, y sufriendo, en estos momentos, una de las crisis más grave de nuestra historia, con más del 50% de su población activa en desempleo o en situación de ERTE, con salarios devaluados, situación que parece no tener salida a corto o medio plazo, pues aún en los momentos de bonanza económica padecemos un desempleo de carácter estructural cercano al 20%, que tiene más relación con el modelo económico al que se nos ha sometido que con las crisis coyunturales. Un modelo de servicios alejado de las necesidades del conjunto de la población y centrado en interés externos al País Canario. A lo que debemos sumar los graves déficits en nuestros sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales, merced a las privatizaciones y recortes de los últimos 20 años.
Por si todo ello fuera poco, ante el trato colonial del gobierno de España, se nos ha convertido en un campo de concentración para las personas trabajadoras del continente africano que llegan en condiciones paupérrimas a nuestro Archipiélago, imponiendo la segregación racial al negar la acogida del conjunto de los migrantes en territorio europeo.
Mientras se mantienen incentivos fiscales para que el capital extranjero o autóctono siga explotando nuestros recursos, incluida nuestra población, tales como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), la Zona Especial de Canarias (ZEC), o las subvenciones a las importaciones mientras la producción local muere de inanición. El Gobierno de Canarias, incapaz de dar respuesta a esta gravísima situación, pasa de puntilla por el hambre de nuestra población sin tener el valor político de exigir que, al menos, los fondos de la RIC retornen a las arcas públicas para paliar esta gravísima situación.
Igualmente grave, es el deterioro al que se está sometiendo a nuestro territorio, tanto más alarmante en el contexto del actual cambio climático, los macro proyectos siguen siendo una fuente permanente de ingresos para grandes empresas mientras se sigue destruyendo nuestro entorno y espacios naturales. La central hidroeléctrica Chira-Soria, el proyecto de trenes, son ejemplos de lo que decimos como antes lo fueron los puertos de Granadilla o Arinaga.
INTERSINDICAL CANARIA, entiende que esta situación es insostenible para nuestro país, Canarias, y que, en 2021, puede empeorar hasta límites imprevisibles. Es hora de buscar soluciones reales que nos permitan salir de la misma. Se hace imprescindible abrir en el seno de la sociedad canaria un amplio debate sobre la consecución de mayor soberanía nacional para Canarias y dentro de ella alcanzar un Marco Canario de Relaciones Laborales que impida que se siga legislando a 2000 kilómetros de distancia nuestras condiciones laborales, reformas laborales que afectan de forma específica a una economía y un territorio tan vulnerables, la no aplicación de factores de corrección en el cálculo de las pensiones para menguar los perversos efectos de la desigualdad retributiva, mientras el dinero de nuestras cotizaciones se volatiza en otros territorios .
El 2021 debe ser un año de lucha permanente para acabar con este trato discriminatorio hacia la mayoría social de Canarias.
Secretariado Nacional de Intersindical Canaria
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p class=»text-right»>Source: intersindicalcanaria.org
