El Consejo de Gobierno impulsa la tramitación de la primera Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias

El anteproyecto, elevado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, pretende la generación de empleo de calidad y con estabilidad mediante el desarrollo legislativo de una competencia incluida en la reforma del Estatuto de Autonomía

El Consejo de Gobierno se pronunció este jueves a favor de la oportunidad, objetivos y principios generales del anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, a  propuesta de Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. El objetivo es impulsar y continuar con la tramitación de una normativa pionera en la comunidad autónoma mediante nuevos procesos de consulta pública e informes técnicos antes de su debate político en el Parlamento de Canarias.

Elevado a la consideración del Gobierno por iniciativa de la consejería dirigida por Elena Máñez, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), el texto legislativo presenta como principal objetivo el fomento de la creación de cooperativas, la consolidación de la actividad en las existentes y, en último término, la generación de empleo de calidad y con estabilidad, en cumplimiento además de la competencia exclusiva en la materia atribuida a la comunidad isleña mediante la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018.

Además de mejorar la ley de ámbito estatal y de aprovechar la experiencia en las restantes autonomías, el anteproyecto canario trata de configurar un régimen jurídico moderno, claro y flexible para responder a las exigencias actuales y las demandas futuras, al favorecer la agilidad y competitividad de las sociedades cooperativas en el marco de una economía global, en un periodo clave además para la actual recuperación ante la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

Precisamente, el impulso de programas de compensación de gastos corrientes fijos para cooperativas o empresas de economía social, con mayores dificultades de acceso a financiación bancaria, figura, por ejemplo, entre las prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo tras su consenso con una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la enfermedad por el coronavirus.

En el primer trimestre de 2020, Canarias contabilizó 225 cooperativas (102 sociedades en Las Palmas y 123 en Santa Cruz de Tenerife) inscritas en la Seguridad Social, con un total de 4.820 personas trabajadoras (1.538 en la provincia oriental y 3.223 en la demarcación occidental), por lo que las Islas se sitúan como decimosegunda comunidad de las autonomías españolas al mejorar las cifras de Asturias, Baleares, Cantabria y La Rioja.

Entre otras novedades respecto a la legislación aplicada, el anteproyecto tramitado reduce a dos el número mínimo de personas socias en la constitución de la cooperativa de trabajo asociado; simplifica los trámites y procedimientos en modificaciones estructurales y a nivel general, introduce los medios telemáticos en procedimientos asamblearios, regula la administración única como órgano de gestión unipersonal frente al consejo rector y especifica las funciones de la intervención, organiza los fondos de reserva voluntaria y de sostenibilidad para mayor estabilidad financiera, y revisa el régimen de infracciones, sanciones y descalificación.

Además de contemplar las observaciones del Consejo Económico y Social (CES) al anteproyecto precedente, iniciado la pasada legislatura pero nunca tramitado en el Parlamento autonómico, el actual documento incluye diversas propuestas recibidas durante los procesos de información pública y participación ciudadana desde patronales como la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias (Asescan), la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) o sindicatos como la Unión General de Trabajadores (UGT).

Compuesto de 144 artículos, el texto final se estructura en tres títulos, con diez capítulos el primero y dos el segundo, además de seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.

Fuente: gobiernodecanarias.org

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